Por Karol Daniela Gutiérrez C*
La violencia contra la mujer es histórica y
ocurre en todos los países y grupos sociales, pero, sólo se consideró como un
problema colectivo y social desde hace tres décadas aproximadamente; fue la
Organización de las Naciones Unidas quienes en 1993 adoptaron la primera
definición internacional de violencia contra la mujer, que incluye “cualquier
acto de violencia que tenga como consecuencia, prejuicio o sufrimiento en la
salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo coerción o
privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada”.
La Organización ONU Mujeres, destaca a
Colombia como un país que ha ratificado todos los tratados internacionales
vigentes para proteger los derechos humanos de las mujeres, y ha progresado
significativamente en el desarrollo de leyes para promover y garantizar la
igualdad de género.
Algunos ejemplos son; la Ley 882 de 2004 “Ley
de ojos morados” que penaliza delitos de violencia intrafamiliar, Ley 1257 de
2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y la Ley 1542 de 2012
que tiene por objeto eliminar el carácter de querellables y desistibles de los
delitos de violencia contra la mujer, etc.
Desafortunadamente las cifras que van en
aumento reflejan una realidad que dista mucho de lo que estipulan y prometen
las leyes que reposan en los anaqueles del Congreso. A veces parecen letras
muertas. Así lo demostró el boletín del Observatorio Colombiano para las
Mujeres, que coordina la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Corresponde al período medido entre el 25 de
Marzo al 4 de Junio, durante el cual los equipos psicojurídicos de la Línea 155
reportaron un incremento del 228% respecto a periodos anteriores, es decir, se
pasó de 3.777 llamadas de violencia contra la mujer en el mes de Marzo a 9.123
en Junio. El factor incidente es el confinamiento por el coronavirus que ha
obligado a las mujeres a convivir más tiempo con su agresor, esto refleja la
grave situación de violencia que persiste al interior de los hogares y estamos
hablando solo de aquellas mujeres que se atrevieron a pedir ayuda.
Pese a estas alarmantes cifras, la violencia
contra las mujeres y las niñas, puede y debe prevenirse y por tanto debe ser
una prioridad en la agenda nacional. Se ha avanzado en legislaciones y
normativas para evitarla, y sancionarla, pero ha sido insuficiente. Ahora se
deben sumar esfuerzos para implementar estas leyes, transformar los imaginarios
que la permiten y evaluar los programas de atención que la combaten. Es un
problema de difícil solución, y muy complejo, porque se enmarca en un
“continuum” en el que se llega a vulnerar los derechos humanos, afectando
inclusive la igualdad y libertad de la mujer.
Es una problemática social que está ligada a
la concepción de la feminidad y a los roles asignados a las mujeres en la
sociedad, estereotipos, prejuicios sociales, costumbres, y las relaciones de
poder en el núcleo familiar en el que prevalece la figura patriarcal etc.., por
lo que esta lucha supone un cambio en el imaginario cultural y estructural. Es
un escenario que sin duda plantea grandes retos para la sociedad colombiana.
Ñapa: Según ONU Mujeres, el costo de
atender las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes representa el
2% PIB a nivel mundial.
*Historiadora
Twitter: @kdagutzc

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