Por MARY ANASTASIA O’GRADY
Hugo Chávez destruyó el
pluralismo político en Venezuela al concentrar el poder en el ejecutivo. Ahora,
el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desea emular al hombre fuerte
bolivariano y le está pidiendo al Congreso facultades para gobernar por decreto
durante seis meses y un cheque en blanco para enmendar la Constitución en
formas que aún no ha detallado. Puesto que el Partido Liberal, al que pertenece
el mandatario, controla el Congreso, se cree que lo conseguirá.
Santos quiere este poder
autoritario para cambiar unilateralmente la Constitución e incluir los términos
de un acuerdo de “paz” que ha estado negociando secretamente con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por casi cinco años. Inicialmente,
prometió un referendo sobre el acuerdo final para que los colombianos pudieran
votar punto por punto sobre sus detalles, tales como si los delincuentes de la
guerrilla podrían postularse a cargos de elección popular. Pero hace mucho
tiempo se retractó de esa promesa, así como de muchas otras.
Santos ahora propone una
simple votación de sí o no sobre el producto final, que aún no está listo. Su
gobierno ha puesto miles de millones de pesos de los contribuyentes (millones
de dólares) en una campaña publicitaria para convencer al electorado de que
votar “no” equivale a votar por la guerra.
Santos también consiguió
que el Congreso aceptara reducir el mandato constitucional mínimo de votantes
para su plebiscito de la mitad más 1 del electorado a 13%. La semana pasada, el
Partido Liberal propuso que se le permitiera a los colombianos desde los 14
años de edad realizar un voto simbólico sobre el plebiscito. Si la votación es
estrecha, se puede suponer que Santos usará las opiniones de niños que apenas
empiezan la secundaria para comprobar la sabiduría de su acuerdo.
Según una encuesta de
Gallup realizada durante la última semana de abril, la tasa de aprobación del
presidente es de apenas 21%. Una razón de este malestar es que su obsesión con
un pacto con las FARC lo ha hecho descuidar la economía y la seguridad pública,
pero 66% de los entrevistados también dijo que su proceso de paz va en la
dirección equivocada.
La mayoría de los
colombianos quiere la paz, pero pocos creen que los perpetradores de crímenes
de guerra deban eludir la cárcel, quedarse con sus armas y las ganancias
derivadas del narcotráfico y luego postularse a un cargo público. Santos, que
en algún momento dijo que tales exigencias de las FARC no eran negociables,
ahora asegura que no dejará que sean puntos que estropeen la aprobación de los
acuerdos.
No son los únicos
ejemplos de la duplicidad presidencial. Desde el principio parece que Santos
engañó al público porque sus intereses no coincidían con los suyos.
En agosto de 2012,
cuando se supo de que su gobierno había sostenido negociaciones con las FARC
durante más de un año, contacté al presidente para solicitar más información.
En una entrevista telefónica en septiembre de ese año, me indicó que los
rebeldes habían iniciado el proceso y que él había comenzado a negociar sólo
porque, pese a estar disminuidos, continuaban sembrando el terror. Eso lo
consigné en una columna del 17 de septiembre de 2012.
La explicación que me
dio el presidente contradice la de su hermano mayor en su libro de 2014, “Así
empezó todo”. Enrique Santos, quien tuvo un papel protagónico en la
organización del diálogo con las FARC en La Habana, señala que fue claro desde
el día de su posesión que Juan Manuel buscaba “una agenda política y social
diferente” a la de su predecesor Álvaro Uribe. Esto incluía la “búsqueda” de un
acuerdo negociado con las FARC.
Según el testimonio de
Enrique Santos, el presidente lo convirtió en “su delegado personal” y emisario
debido a que él es un “viejo periodista de izquierda que había simpatizado,
incluso con la lucha armada y conocía personalmente” a numerosos líderes de las
FARC.
Tenía que ser una misión
ultra secreta debido a que el público no quería saber de negociaciones con
“grupos terroristas que considera acorralados y casi liquidados”, escribió
Enrique. Lo que no dice es que el presidente, que había sido ministro de
Defensa de Uribe y forjó la reputación de ser de línea dura, seguro entendió la
importancia de esconder las huellas de su hermano izquierdista.
En su relato, Enrique
rechaza la estrategia militar que Uribe utilizó para pacificar al país y ni
siquiera está seguro si la democracia es una buena idea: “Una total victoria
militar no es factible y quizás ni deseable”.
Según la versión de
Enrique Santos, una vez que los subversivos aceptaron negociar en Cuba, el
gobierno de Juan Manuel Santos las transportó sigilosamente a la isla. Esto
ocurría “en medio de una reactivación de ataques guerrilleros en distintas
zonas del país y de un hostil y polarizado clima de opinión”.
Todo era altamente
clasificado, ocultado al público “so pena de socavar la credibilidad política
de un presidente, que cada tercer día reiteraba que no habría dialogo alguno
con las FARC hasta que no den muestras de su voluntad para dejar las armas”.
En otras palabras, el
presidente Santos planeó y mintió en tiempo real a los colombianos mientras
iniciaba las negociaciones con las FARC con la intención de expandir su legado.
Ahora está adquiriendo más poder para incluir su negociado acuerdo secreto en
la Constitución. Eso difícilmente es una receta para la paz.