Por Emerson
Grajales Usma*
Al momento de escribir estas
líneas, (martes 24 de mayo) no se tiene conocimiento aún del paradero de los
periodistas Salud Hernández-Mora, Diego D*Pablos y Carlos Melo; como tampoco
sabemos concretamente quien los tienen, pero según análisis de especializados
sabuesos y de informes de los habitantes de la región, todo indica que fueron
muy seguramente plagiados por grupos criminales en jurisdicción del municipio
de El Tarra en Norte de Santander, especialmente por el ELN.
Muchos, y con sobrada razón,
han manifestado que fue un acto de irresponsabilidad de la periodista Hernández
Mora, al “meterse a la boca del lobo” toda vez que en esa zona operan varios
grupos terroristas y criminales. Pero ella, digo yo, muy seguramente guiada por
la razón, según la cual el gobierno ya inició diálogos con las dos agrupaciones
antiguas de Colombia como las Farc y el ELN, consideró que podría internarse unos
cuantos kilómetros más allá de El Tarra y adelantar su trabajo de periodismo
investigativo.
Pero mi otra tesis, muy
seguramente es la trascendida tanto por otros de mis similares, como por la
opinión pública en general. El presidente Juan Manuel Santos, ha manifestado
copiosamente que en Colombia no hay regiones vedadas ni para la fuerza pública,
ni para los ciudadanos, ni profesionales; y menos para periodistas. Con base en
este engaño, es que cualquiera que sea el ciudadano que quiera llegar a
corregimientos cercanos a un municipio o como en este caso, a El Tarra, lo
haría ante los “positivos” anuncios del gobierno.
Lo que sí es muy claro, es
que en Colombia especialmente, está haciendo carrera el absurdo silenciamiento
a la prensa desde diferentes actores, incluyendo el de los políticos como se ha
visto con mayor énfasis desde hace algo más de dos años amén de las maniobras
desde el ejecutivo, pasando por el legislativo hasta llegar al mismo poder
judicial. Recordemos la campaña presidencial de 2014. Los contratos de
congresistas directos a periodistas de Bogotá. Los jugosos contratos de la
Fiscalía a la periodista Natalia Springer. Y así, sucesivamente.
En lo personal, he sido
víctima de un secuestro, dos atentados, en uno de ellos perdió la vida mi
hermano el mayor de todos los tres que sobrevivimos a aquel criminal ataque con
una granada de fragmentación en la ciudad de Pereira; y varias amenazas
telefónicas que aún persisten, actos ligados a mi actividad como periodista.
Conozco de primera mano la violencia que busca amordazar la opinión y la prensa
a costa de que no se conozca la verdad. La violación a la libertad de expresión
en Colombia, no sólo se ha asumido a través de las armas convencionales;
también cuando el gobernante de turno llama al empresario del medio para que
separe de su cargo al periodista que ha querido evidenciar lo indebido. Así
estamos en Colombia, así vivimos el día a día.
No puede ser tan
contraproducente que ahora el gobierno colombiano a través de su presidente Juan Manuel Santos, de un solo plumazo, venga
a descalificar un secuestro, diciendo que es una retención, desconociendo la
dimensión para hacerle de paso, un mandado al terrorismo rampante que tienen
dominado cerca de diez mil kilómetros cuadrados que compone el Catatumbo, área
que quedó evidenciada como de pleno dominio de grupos terroristas y criminales.
Como periodista, le exijo al
gobierno Santos, que medie ante sus nuevos mejores amigos para que liberen, no
sólo a los tres periodistas Salud Hernández Mora; Diego D¨Pablos y su
camarógrafo Carlos Melo; sino también a todos los secuestrados.
La libertad de prensa en
Colombia, se encuentra en vía de extinción y lo peor, ante un gobierno silente
y complaciente que emula a sus similares de la región.
*Asesor
y consultor
@Grajalesluise