Por María Fernanda Cabal*
A finales del año
pasado, Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la
Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los
EE.UU, lanzó una advertencia clara sobre la manera como la dictadura cubana,
utiliza el personal de salud de la isla para exportar su ideología y continuar
manteniendo la financiación de la dictadura.
Al
respecto, la funcionaria sostuvo que “...He llegado a conocer la misión médica
cubana, como un mecanismo mediante el cual el régimen viola las normas de
derechos humanos y laborales internacionalmente definidas, de su propio pueblo;
mientras simultáneamente siembra la discordia política y social en todo el
mundo”.
De
ésta forma, tras recoger numerosos testimonios de médicos procedentes de la
isla que habían logrado escapar, pudo constatar que la exportación de servicios
profesionales era una fuente de ingresos excepcionales para el régimen de Cuba,
determinando que dicha actividad le genera más de 7 mil millones de dólares
anuales.
Según
datos del Departamento de Estado de los EE.UU, confirmados por los propios
médicos, esto se da gracias a que la dictadura castrista se queda con el 75 por
ciento y hasta el 90 por ciento de los salarios de los profesionales; que
además, son sometidos a amenazas constantes para evitar que abandonen el
programa en los países a donde son enviados.
Precisamente
el testimonio de uno de éstos profesionales de la salud, fue publicado por el
periodista James Badcock, de BBC News. Se trata de Daily Coro, quien en octubre
de 2011 fue enviada desde Cuba a una clínica en la ciudad de El Sombrero en
Venezuela, como parte del programa ‘Barrio Adentro’ que ha distribuido médicos
cubanos en zonas desfavorecidas de ese país desde 2003; como símbolo del “apoyo
cubano” al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor,
Nicolás Maduro.
El
medio también reveló que Venezuela ha venido pagando por éste y otros servicios
prestados por los trabajadores cubanos, con petróleo. Daily señala que fue
asignada a una zona prácticamente en guerra, donde el coordinador de la misión
era un funcionario del servicio de seguridad cubano que controlaba
absolutamente todo.
Además,
afirma que su equipo tenía que cumplir con objetivos semanales relativos al
número de vidas salvadas, pacientes ingresados y tratamientos para ciertas
enfermedades; cifras que, por supuesto, eran “infladas” para que el Gobierno
cubano pudiera seguir recibiendo dinero por los servicios prestados y
justificar así la ampliación de la misión a otros lugares.
Otro
caso revelado por el mismo medio, es el del médico Carlos Moisés Ávila, quien
se unió a una de las primeras misiones en Venezuela en 2004 donde relata que
“las medicinas llegaban de Cuba fuera de fecha, así que teníamos que
destruirlas y enterrarlas antes de incluirlas en el inventario como usadas para
que pudieran ser cobradas”.
Ávila
también denuncia que vio cómo la labor médica era transformada en una
herramienta política con fines propagandísticos; “...Durante la campaña de 2004
para el referéndum revocatorio, nos enviaron a los médicos puerta a puerta para
dar regalos y ganar apoyos para el entonces presidente Hugo Chávez (…) También
teníamos listas de pacientes según su tendencia política. A los partidarios del
gobierno chavista se los anotaba como pacientes de hipertensión y a los
opositores como diabéticos. Los primeros recibían mejor tratamiento”.
Otras
denuncias cuentan sobre la forma cómo las “misiones médicas” apuntaban a
persuadir pacientes para que votaran por el oficialista Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), incluyendo además acciones de presión, como negarles
tratamiento a partidarios de la oposición.
La
realidad de éstas “actividades altruistas” que esconden una nueva forma de
esclavitud, mediante la persecución y la explotación laboral, también ha sido
expuesta por la organización 'Cuban Prisoners Defenders' –CDP-; una entidad con
sede en España, cuyas denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional
han mostrado al mundo las condiciones inhumanas a las que son sometidos los
médicos cubanos –más de 550 testimonios-, a los que les confiscan sus
pasaportes, les restringen su circulación con toques de queda y los obligan
además a convertirse en “agentes” para la manipulación de la población más
vulnerable, en favor de los objetivos del régimen y la difusión de los ideales
comunistas.
Así
lo señala Javier Larrondo, presidente de CDP, quien explica que ésta iniciativa
obedece a un plan político creado por Fidel Castro, para internacionalizar el
socialismo desde la época de la Unión Soviética en los años 60; de ésta forma,
lograban infiltrarse en determinados países estableciendo relaciones
diplomáticas a cambio de “favores”, entre ellos, cambiando las estadísticas que
se entregan a la Organización Mundial de la Salud.
El
famoso ejército de “batas blancas” de Cuba -bautizado así por el mismo Fidel
Castro-, promovido por el gobierno comunista como un símbolo de su solidaridad
con personas de todo el mundo, no es más que un modelo de “invasión silenciosa”
que ha sido rechazado en Brasil, Bolivia, Ecuador y Uruguay, entre otros.
Lejos
de tener una vocación humanitaria, Cuba se ha trazado una meta clara a la hora
de ofrecer su ayuda “médica” en medio de la pandemia por Covid-19 a distintos
países. Colombia está entre sus objetivos inmediatos. Nuestra tarea es develar
sus intenciones y enfrentar las tentaciones revolucionarias de mandatarios
locales, que fingen actuar para el bienestar de la comunidad invitando “batas
blancas” y desconociendo la superioridad del talento humano colombiano en
salud.
*Senadora de la República