Cámara
de Comercio debe intervenirse
Por Alberto Zuluaga Trujillo*
La renuncia colectiva de los delegados del Gobierno a la
Junta de la Cámara de Comercio de Pereira, al igual que la del representante de
la lista mayoritaria de comerciantes elegida para el período 2019 – 2022, sume
a la entidad gremial en la más penosa crisis institucional de toda su historia.
Lo allí ocurrido no es una pugna de poderes como algunos
han sostenido. No; lo que ha venido sucediendo desde el mes de enero de 2019
fecha en que se posesionaron sus nuevos integrantes y quienes en su mayoría
vienen de la Junta anterior, es el de querer imponer un inaudito libreto
direccionado desde afuera por reconocida fuerza interesada en impedir a toda
costa se conozca el manejo, nada claro, de la entidad en el reciente pasado.
Con la mayoría simple alcanzada en su elección han venido
negando de manera sistemática libros e informes solicitados por los nuevos
miembros, reventándose a un mes de la elección del nuevo Presidente Ejecutivo,
al forzar el Presidente de la Junta Directiva un procedimiento equivocado y
calculado para obviar su elección la que requiere mayoría calificada de las dos
terceras partes, que no la tienen.
Para no convalidar con su presencia tamaño disparate
legal, es que proceden con su renuncia colectiva los representantes del
Gobierno ante el Presidente de la República y el representante de los
empresarios mayoritarios ante el Presidente de la Junta.
Inexplicablemente los
entes de control, como siempre, nada han hecho. O hecho sí pero actuado, nada.
El 20 de noviembre de 2019, el Presidente Ejecutivo de la Cámara es informado
por la doctora Martha Angélica Martínez Piraquive, de la Contraloría General de
la República, del informe de Actualización Especial de Fiscalización en la que
auditados tan solo el 10 por ciento de las operaciones de la Cámara aparecen 13
hallazgos administrativos, entre otros, un mil millones en gastos de
representación presuntamente injustificados del expresidente de la Cámara, al
igual que la utilización de seis tarjetas de crédito, con cargos a almacenes de
cadena, bonificaciones e incrementos salariales.
Transcurridos casi ocho meses de dicho informe ¿qué ha
sucedido? Este fin de semana el Contralor General estuvo en Pereira. ¿Nada
dijo? Y la Superintendencia ¿por qué tampoco ha actuado? Decimos estar
hastiados de tanta corrupción pero, cuando tenemos los indicios suficientes
para probarlos, nos atemorizamos y nada hacemos. ¿Acaso nos pasa que matando al
tigre nos asustamos con el cuero?
Ya basta, no estamos prejuzgando, estamos pidiendo la
intervención pronta y eficaz de la Superintendencia que bien puede suspender a
los funcionarios actuales que impiden su honesto proceder lo mismo que a los
directivos implicados en obstaculizar su transparente desempeño. A la
Contraloría Nacional que cumpla con su deber y al Gobierno Nacional, que
mientras no haya un pronunciamiento de fondo sobre lo que realmente allí
sucede, no reemplace a los renunciados. Se hace necesario entonces, cuando todo
se clarifique, una nueva Junta que nada tenga que ver con la anterior ni con la
actual, para poner fin a un enfrentamiento que mucho daño le hace a la ciudad.
*Excongresista de Risaralda
