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domingo, 28 de junio de 2020

"No podemos tapar el sol con las manos si decimos que este hecho es aislado o perpetrado por un puñado de “manzanas podridas”"



La sexualización de la guerra

Por Emerson Grajales Usma*


Un duro golpe a la dignidad del Ejército, del gobierno, de la sociedad y de la misma niñez, se dio este lunes, cuando conocimos que siete soldados regulares violaron a una infanta de tan solo 14 años, integrante del resguardo indígena embera chamí, del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda.

Pero antes de entrar en materia, este caso, deplorable por la ignominia de sus autores; riñe con el sentimiento de aprecio y cariño que lleva a la praxis el gobernador de este departamento con las comunidades indígenas, toda vez que fue precisamente el dos de enero del año que avanza, cuando una menor de la misma comunidad nativa, fue la que le impuso la banda gubernamental al nuevo mandatario de Risaralda Victor Manuel Tamayo.

No podemos tapar el sol con las manos si decimos que este hecho es aislado o perpetrado por un puñado de “manzanas podridas”, cuando ya existen graves registros en las filas de nuestro Ejército Nacional. Solo basta con mirar el devastador informe de “Sisma Mujer” que dan cuenta de la participación de la fuerza pública en los indicadores de violencia sexual contra las mujeres y anualmente evidencian el crecimiento de esta. El boletín 2018/2019 afirma que el 37,95 % de los presuntos responsables de este hecho son agentes del Estado, de este indicador, el 62,16 % corresponde a infracciones cometidas por las fuerzas militares. Si se compara con las cifras del año inmediatamente anterior, los eventos registrados muestran un incremento del 228,57 %.

Si bien la violencia sexual contra las niñas por parte del Ejército no es pues nada novedoso, vale la pena preguntarnos si el aumento de las cifras tiene que ver con las nuevas campañas institucionales de recobrar el honor y la dignidad del cuerpo militar. La antropóloga Laura Rita Segato, habla de la violación como crimen de guerra y menciona características muy pertinentes para esta discusión: es una demostración de la dimensión represiva del Estado contra lo disidente y lo que rompe con la hegemonía de raza. 

En resumen. Las nuevas formas de la guerra, caracterizadas por la informalidad, se despliegan hoy en un espacio intersticial que podemos caracterizar como para-estatal porque se encuentra controlado por corporaciones armadas con participación de efectivos estatales y para estatales. En esa esfera de para-estatalidad en franca expansión, la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un efecto colateral de la guerra y se ha transformado en un objetivo estratégico de este nuevo escenario bélico. Se examinan aquí las transformaciones históricas que circundan la informalización de la guerra y la centralidad que asume en ellas una "pedagogía de la crueldad" contra aquéllos que no juegan el papel de antagonistas armados - mujeres y niños - en los enfrentamientos.

Esto tiene mucho que ver con la humillación que representa para una comunidad no poder defender a sus mujeres. Incluso, algunos autores afirman que este tipo de violencia no es “característico” de la presencia de los militares como algunos creemos, y que la sexualización de la guerra hace parte de las estrategias de combate en las guerras modernas, una concepción mucho más sofisticada que retomar el concepto de la mujer como arma de guerra. 

Lamento pues, que integrantes de nuestro glorioso Ejército colombiano, hayan manchado el honor y hubieran sucumbido en tan deplorable acto criminal.
Solo nos queda esperar que se haga justicia con los siete uniformados, pero una justicia que elimine cualquier asomo de beneficio por muy “loable” que se muestren sus tareas, dentro del tiempo de la condena.

*Asesor y consultor

Twitter: @Grajalesluise

"Desafortunadamente las cifras que van en aumento reflejan una realidad que dista mucho de lo que estipulan y prometen las leyes que reposan en los anaqueles del Congreso"


La violencia contra la mujer: un problema de difícil solución

Por Karol Daniela Gutiérrez C*


La violencia contra la mujer es histórica y ocurre en todos los países y grupos sociales, pero, sólo se consideró como un problema colectivo y social desde hace tres décadas aproximadamente; fue la Organización de las Naciones Unidas quienes en 1993 adoptaron la primera definición internacional de violencia contra la mujer, que incluye “cualquier acto de violencia que tenga como consecuencia, prejuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

La Organización ONU Mujeres, destaca a Colombia como un país que ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes para proteger los derechos humanos de las mujeres, y ha progresado significativamente en el desarrollo de leyes para promover y garantizar la igualdad de género.

Algunos ejemplos son; la Ley 882 de 2004 “Ley de ojos morados” que penaliza delitos de violencia intrafamiliar, Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y la Ley 1542 de 2012 que tiene por objeto eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia contra la mujer, etc.

Desafortunadamente las cifras que van en aumento reflejan una realidad que dista mucho de lo que estipulan y prometen las leyes que reposan en los anaqueles del Congreso. A veces parecen letras muertas. Así lo demostró el boletín del Observatorio Colombiano para las Mujeres, que coordina la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

Corresponde al período medido entre el 25 de Marzo al 4 de Junio, durante el cual los equipos psicojurídicos de la Línea 155 reportaron un incremento del 228% respecto a periodos anteriores, es decir, se pasó de 3.777 llamadas de violencia contra la mujer en el mes de Marzo a 9.123 en Junio. El factor incidente es el confinamiento por el coronavirus que ha obligado a las mujeres a convivir más tiempo con su agresor, esto refleja la grave situación de violencia que persiste al interior de los hogares y estamos hablando solo de aquellas mujeres que se atrevieron a pedir ayuda.

Pese a estas alarmantes cifras, la violencia contra las mujeres y las niñas, puede y debe prevenirse y por tanto debe ser una prioridad en la agenda nacional. Se ha avanzado en legislaciones y normativas para evitarla, y sancionarla, pero ha sido insuficiente. Ahora se deben sumar esfuerzos para implementar estas leyes, transformar los imaginarios que la permiten y evaluar los programas de atención que la combaten. Es un problema de difícil solución, y muy complejo, porque se enmarca en un “continuum” en el que se llega a vulnerar los derechos humanos, afectando inclusive la igualdad y libertad de la mujer.

Es una problemática social que está ligada a la concepción de la feminidad y a los roles asignados a las mujeres en la sociedad, estereotipos, prejuicios sociales, costumbres, y las relaciones de poder en el núcleo familiar en el que prevalece la figura patriarcal etc.., por lo que esta lucha supone un cambio en el imaginario cultural y estructural. Es un escenario que sin duda plantea grandes retos para la sociedad colombiana.

Ñapa: Según ONU Mujeres, el costo de atender las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes representa el 2% PIB a nivel mundial.

*Historiadora
Twitter: @kdagutzc

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